Un proyecto de ley radical propuesto por el gobierno francés que negaría a las personas no vacunadas servicios básicos como el transporte público se ha congelado después de una reacción masiva.
La ley propuesta exige que los ciudadanos tengan prueba de un test de COVID negativo o «tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna» para «acceder al transporte o a algunos lugares, así como a ciertas actividades».
Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a retrasar la legislación después de airadas protestas.
El ministro de Salud francés, Olivier Véran, pospuso públicamente el proyecto de ley en un anuncio el martes por la noche.
“Porque debe haber confianza para que el pueblo francés vaya a vacunarse por su propia voluntad, porque todavía estamos en un estado de crisis sanitaria … el gobierno no presentará el texto [a la Asamblea Nacional] durante varios meses, antes de que salgamos de la crisis ”, afirmó Véran.
El proyecto de ley fue criticado por figuras políticas de todo el espectro, y el diputado conservador Fabien Di Filippo lo etiquetó como «chantaje de vacunas».
La líder de RN Marine Le Pen calificó la medida de la vacuna como «esencialmente totalitaria».
“De manera indirecta, este proyecto de ley no tiene como objetivo que las vacunas sean obligatorias, pero evitará que quien no cumpla tenga una vida social” , dijo.
El portavoz del partido RN, Sebastien Chenu, calificó el plan como una «dictadura de la salud», mientras que la senadora centrista Nathalie Goulet dijo que el borrador era «un ataque a las libertades públicas».
Guillaume Peltier, líder adjunto del partido de centro-derecha LR, advirtió que la ley permitiría al gobierno «obtener todo el poder para suspender nuestras libertades sin control parlamentario».
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