Mientras Indonesia comienza la segunda fase de la vacunación contra el Covid-19, el gobierno hizo la inyección semiobligatoria, autorizando a las autoridades regionales a imponer diversas sanciones a las personas que reúnan los requisitos para rechazar la vacuna.
Indonesia intensificó su campaña de inmunización el miércoles, añadiendo a los ancianos y a los trabajadores públicos de primera línea a la lista de personas que pueden ser vacunadas. Para mayo, el país espera inocular a 38 millones de personas, según el gobierno.
Wiku Adisasmito, portavoz del grupo de trabajo de Covid-19, aprovechó la ocasión para recordar a la población que tiene la «obligación de participar en el programa», tal y como «establece el reglamento presidencial».
El presidente Joko Widodo modificó el pasado fin de semana la normativa sanitaria, permitiendo a los organismos gubernamentales o a las autoridades provinciales y municipales imponer sus propias sanciones a quienes se nieguen a vacunarse a pesar de cumplir los requisitos.
Los que se niegan a vacunarse se enfrentan a multas y pueden ser excluidos de algunos servicios públicos.
Los críticos dicen que esta medida victimiza a los ciudadanos pobres, que son los principales beneficiarios de las prestaciones de los programas sociales.
De las 34 provincias, por ahora sólo una -la capital, Yakarta- ha promulgado normas según las cuales la negativa a vacunarse se castiga con una multa de unos 360 dólares.
El mes pasado, Edward Hiariej, viceministro de Derecho y Derechos Humanos, dijo que la ley permite penas de cárcel de hasta un año por negarse a la vacunación, que calificó de obligatoria. Este comentario suscitó acusaciones de que el gobierno está vulnerando los derechos humanos.
El escepticismo sobre las vacunas y las sugerencias de superarlo con medidas coercitivas no son un fenómeno exclusivamente indonesio. Es probable que los certificados de vacunación se conviertan en un requisito previo para los viajes internacionales y, al parecer, en países como Israel y Dinamarca, las personas no vacunadas se enfrentan a restricciones en la vida social.
Algunos gobiernos parecen no estar dispuestos a hacer de estas medidas una política oficial debido a la posible reacción pública, pero al parecer están dispuestos a que los empleadores se encarguen de la vigilancia. El Financial Times informó el martes de que algunas empresas británicas se están preparando para adoptar contratos de trabajo «sin pinchazo, no hay trabajo», con lo que parece ser una aprobación tácita de Downing Street.
Sin embargo, algunos aspectos del incumplimiento de la vacunación en Indonesia son más específicos de su realidad nacional. Parte de la preocupación pública proviene de la negativa de la empresa china Sinovac Biotech a revelar los ingredientes de su vacuna Covid-19.
Hasta ahora, Indonesia ha confiado en la fórmula de CoronaVac para su campaña de inmunización, aunque se espera que pronto estén disponibles otras como la de AstraZeneca y la de Pfizer. Algunos habitantes de la mayor nación musulmana del mundo temen que la vacuna china pueda contener gelatina de cerdo como estabilizador, y que por tanto sea incompatible con la prohibición del Islam de este tipo de productos.
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